El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha dado un paso significativo en la investigación del caso Pegasus, solicitando más detalles a las autoridades francesas sobre el software de espionaje utilizado contra altos cargos del gobierno español. Esta acción se produce después de que los dispositivos móviles de varios miembros del gabinete ministerial fueran infiltrados por el programa Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group. El juez también ha reiterado su petición a Israel para obtener información crucial y testimonios necesarios para avanzar en la identificación de los responsables del ataque cibernético.
La solicitud de información a Francia busca profundizar en las investigaciones técnicas realizadas por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas Informáticos (ANSSI). Estas indagaciones son cruciales para comprender mejor cómo funcionó el software malicioso y qué datos pudieron ser extraídos de los teléfonos infectados. A pesar de los informes emitidos por el Centro Criptológico Nacional, que indican que el análisis de la información proporcionada no revela novedades significativas, el juez considera esencial un intercambio más amplio de información entre ambos países.
Por otro lado, el magistrado ha enviado una nueva comisión rogatoria a Israel, insistiendo en la entrega de la información requerida desde mayo de 2022. Esta información incluye declaraciones del CEO de NSO Group, considerada imprescindible para determinar la identidad de los autores del espionaje. La falta de respuesta previa de las autoridades israelíes ha llevado al juez a reforzar estas solicitudes, destacando la importancia de contar con todos los elementos necesarios para esclarecer el caso.
En paralelo, el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por supuesta violación de sus derechos fundamentales debido al uso del software Pegasus durante su mandato. Este movimiento añade una dimensión internacional a la controversia, subrayando las preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los líderes políticos. Torra, junto con el exdiputado Josep Costa, han decidido llevar su caso a esta instancia europea, buscando una condena formal contra España.
Mientras avanza la investigación judicial en España, estos desarrollos ponen de manifiesto la complejidad del caso Pegasus y la necesidad de colaboración internacional para desentrañar los detalles de este incidente de espionaje. Las acciones emprendidas por el juez Calama y las demandas presentadas ante el TEDH reflejan la gravedad del asunto y la persistente búsqueda de justicia y transparencia en torno a este controvertido tema.