El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) enfrenta un periodo crucial tras la solicitud del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que exige 27 aspectos informativos al director ejecutivo Carlos Ruiz Cortés. Este requerimiento busca justificar una medida legislativa que propone transferir las funciones y recursos materiales del ICP al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). La negativa a proporcionar los datos podría llevar a acciones legales, mientras se cuestiona la capacidad del ICP para preservar el patrimonio cultural y administrar fondos públicos eficientemente.
Exigencias Legislativas y Respuestas Urgentes
Rivera Schatz ha establecido un plazo de 15 días laborables para que Ruiz Cortés entregue información detallada sobre diversos aspectos operativos y financieros del ICP. Esta demanda incluye informes de viajes, gastos, contratos, presupuestos y proyectos completados. La urgencia por obtener estos datos refleja la intención del Senado de evaluar la gestión actual del instituto y determinar si es capaz de cumplir con sus responsabilidades culturales y administrativas.
Entre los detalles solicitados se encuentran los registros de viajes realizados por el director durante los últimos cinco años, así como copias de contratos relacionados con la custodia y préstamo de obras de arte. También se requiere información sobre el desglose del presupuesto desde 2018, incluyendo fondos federales asignados, y el número de proyectos terminados con subvenciones específicas. Estas solicitudes buscan demostrar si el ICP ha utilizado los recursos públicos de manera efectiva y responsable. Además, se pide información sobre irregularidades en contrataciones, ayudas económicas otorgadas a artistas y medidas tomadas ante situaciones de emergencia, como el colapso del techo del Fortín Mirasol en Vieques.
Debate Sobre la Preservación Cultural y la Gestión Administrativa
La propuesta de transferir las funciones del ICP al DDEC ha generado un intenso debate entre defensores del patrimonio cultural y partidarios de una gestión más eficiente. Los críticos argumentan que la estructura actual del ICP ya no responde a las necesidades contemporáneas del sector cultural y económico, mientras que los opositores temen que esta medida ponga en riesgo la conservación de la historia y herencia puertorriqueñas.
Senadores independientes como Eliezer Molina han calificado la solicitud de información como pertinente, pero también expresan preocupación por la posible incompatibilidad entre la preservación cultural y el desarrollo económico. La discusión se centra en encontrar un equilibrio entre la eficiencia administrativa y la protección del patrimonio, lo cual implica evaluar si el ICP ha fallado en su misión y si una reestructuración sería beneficiosa. La controversia también aborda temas como la burocracia que ha afectado proyectos de construcción y reconstrucción, así como la percepción de que ciertas decisiones dentro del ICP han favorecido intereses selectivos.