La fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, se presentó este jueves ante un magistrado del Tribunal Supremo para responder a acusaciones de supuesta revelación de secretos relacionados con Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Rodríguez ha negado categóricamente haber compartido información confidencial y ha destacado que numerosas personas tuvieron acceso al expediente tributario y correos electrónicos pertinentes. Durante su comparecencia, defendió sus acciones basándose en las obligaciones establecidas por el Estatuto Fiscal y aseguró que solo transmitió información al fiscal general del Estado.
Rodríguez explicó que, según los procedimientos institucionales, informó al fiscal general del Estado sobre los detalles del caso. Aseguró que nunca facilitó información sensible fuera de los canales oficiales de la Fiscalía. Enfatizó que aproximadamente 500 individuos pudieron acceder al expediente desde el 5 de marzo y que al menos 60 personas tuvieron conocimiento del contenido de un correo electrónico enviado por el abogado de González Amador el 2 de febrero. Este mensaje ofrecía reconocer dos delitos fiscales a cambio de llegar a un acuerdo con las autoridades.
El caso tomó relevancia cuando Rodríguez solicitó al fiscal Julián Salto que le enviara los correos intercambiados con el abogado de González Amador para preparar una nota de prensa desmintiendo informaciones publicadas por El Mundo. Esta acción, aunque aparentemente rutinaria, generó controversia y fue objeto de investigación por parte del magistrado Ángel Hurtado. Él investiga si hubo filtraciones indebidas de información, especialmente del correo del 2 de febrero. Rodríguez argumentó que actuó dentro de los parámetros legales y que no había intención de revelar secretos.
El magistrado Hurtado decidió imputar a Rodríguez debido a elementos como la transmisión de información a García Ortiz y Villafañe. Además, Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, testificó que advirtió a Rodríguez sobre posibles filtraciones. Sin embargo, Rodríguez reiteró su compromiso con el deber legal y subrayó que siempre actuó conforme a las normativas vigentes. Su comparecencia busca aclarar cualquier malentendido y demostrar su apego a las reglas establecidas.
A pesar de las acusaciones, Rodríguez ha mantenido una postura firme, enfatizando su responsabilidad institucional y negando cualquier participación en actividades ilícitas. Su defensa se centra en la transparencia de sus acciones y en cumplir con los protocolos legales durante todo el proceso. Este caso destaca la importancia de la integridad y la confidencialidad en el manejo de información delicada dentro de las instituciones judiciales.