En el estado Miranda, los familiares de varios presos sociales recluidos en el Centro Penitenciario Yare III han expresado su preocupación por la negativa a recibir visitas y paquetería desde hace dos meses. Según informes del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), al menos 300 reclusos trasladados entre julio y diciembre de 2024 se encuentran en aislamiento. Las autoridades penitenciarias no permiten a los parientes verificar el estado de salud de sus seres queridos, y solo se ha recibido una breve llamada para solicitar uniformes. Además, algunos reclusos padecen enfermedades como la tuberculosis sin recibir tratamiento adecuado, lo que genera temor entre los familiares sobre la propagación de estas enfermedades.

Los traslados se llevaron a cabo durante la Operación Gran Cacique Guaicaipuro, que afectó varios centros penitenciarios en Venezuela. Presos provenientes de distintas cárceles fueron llevados a Yare III, donde enfrentan condiciones inhumanas. Los familiares denuncian que los reclusos duermen en el piso y carecen de higiene básica. A pesar de las denuncias ante la Defensoría del Pueblo y el Ministerio para el Servicio Penitenciario, no se han logrado avances significativos. Algunos incluso reportan represalias contra los reclusos cuando se realizan denuncias públicas.

El OVP ha documentado casos de tratos crueles e inhumanos, incluyendo supuestas torturas a grupos de detenidos trasladados a otros penales. Estas prácticas violan las Reglas Mandela y los Principios sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. Expertos internacionales advierten sobre los graves efectos del aislamiento prolongado en la salud física y mental de los reclusos, señalando que puede constituir un acto de tortura. La Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) también resalta los daños irreversibles que el aislamiento puede causar.

Las familias exigen a las autoridades penitenciarias que permitan visitas regulares y acceso a información sobre el estado de salud de los reclusos. Denuncian que el régimen utiliza sistemáticamente el aislamiento como forma de castigo, violando derechos fundamentales. En este contexto, es crucial que se adopten medidas urgentes para poner fin a estas prácticas abusivas y garantizar el bienestar de los presos. La falta de transparencia y la impunidad perpetúan un ciclo de abuso que debe ser abordado de manera inmediata.