La intersección entre el nuevo paradigma digital y los cimientos de la democracia occidental se puso de manifiesto recientemente con dos eventos significativos. Por un lado, la toma de posesión del presidente Trump, que contó con la presencia de líderes tecnológicos influyentes, y por otro, el llamado del presidente español Pedro Sánchez en Davos para un mayor control sobre las redes sociales. Estos acontecimientos subrayan la necesidad de una nueva regulación que equilibre la libertad de expresión con la responsabilidad en el ámbito digital.

Las propuestas de Sánchez representan un avance cualitativo en la normativa europea, que ya ha implementado medidas como el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA). El mandatario español sugiere ir más allá, proponiendo un registro de usuarios para evitar el anonimato y hacer a los empresarios "personalmente responsables" de lo que ocurre en sus plataformas. Esta idea se basa en la premisa de que, al igual que los dueños de establecimientos son responsables de la seguridad de sus clientes, los dueños de las redes deben ser responsables de mantener un debate público saludable.

El debate sobre la responsabilidad en las redes sociales no solo implica a los legisladores, sino también a expertos en derechos fundamentales y derecho administrativo. Francisco Bastida, constitucionalista jubilado, argumenta que las redes sociales han evolucionado hasta convertirse en medios de comunicación y, por lo tanto, deben asumir la misma responsabilidad que los medios tradicionales. Enfatiza la importancia de distinguir entre libertad de expresión e información veraz, señalando que la difusión de desinformación no está protegida por la Constitución. Por su parte, Alejandro Huergo, catedrático de Derecho Administrativo, sostiene que aunque las redes sociales no son medios de comunicación convencionales, es necesario educar a los usuarios sobre los riesgos y limitaciones de estas plataformas antes de imponer restricciones.

Este debate refleja una tensión fundamental entre la libertad de expresión y la necesidad de garantizar la veracidad de la información en línea. Mientras que algunos abogan por una mayor regulación y responsabilidad, otros advierten sobre los riesgos de comprometer la privacidad y el anonimato. Sin embargo, lo que queda claro es que la sociedad debe buscar un equilibrio que permita la libre expresión mientras protege la integridad del debate público y promueve un uso responsable de las tecnologías digitales. Este esfuerzo colectivo es esencial para fortalecer nuestra democracia y asegurar un futuro más justo y transparente para todos.