La sentencia emitida por la jueza Celina Angélica Quintero Rico representa un hito en la lucha por un transporte público incluyente. Obliga a las autoridades a implementar ajustes que permitan a las personas con discapacidad acceder de manera autónoma, segura y igualitaria a las instalaciones del Metro. Actualmente, persisten barreras físicas que dificultan el uso del transporte por parte de este sector de la población.
El fallo enfatiza la necesidad de garantizar movilidad sin discriminación y establece que el sistema de transporte debe cumplir con estos principios. Esto implica realizar adecuaciones progresivas en la infraestructura existente y implementar un programa permanente de accesibilidad en todas las instalaciones.
Diego Berry, uno de los demandantes, ha documentado en la red social X las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad al intentar desplazarse en el Metro. Entre los problemas mencionados están la falta de mantenimiento en elevadores y escaleras eléctricas, lo que puede representar un riesgo para las personas con movilidad reducida.
Además, la inexistencia de espacios adecuados dentro de los vagones para usuarios con sillas de ruedas es otro aspecto que afecta a la accesibilidad. Para ingresar a las instalaciones y llegar a los vagones, muchas personas tienen que subir y bajar decenas o cientos de escaleras, lo que es una gran dificultad para quienes tienen discapacidad o están en la tercera edad.
El grupo presentó la demanda de amparo el pasado 4 de junio, argumentando que las autoridades violaron los derechos humanos de igualdad, no discriminación y movilidad. Consideran que, aunque en algunas estaciones existen elevadores, la mayoría no funcionan, obligando a los usuarios con discapacidad a enfrentar grandes desafíos diariamente.
La demanda subraya la importancia de garantizar que el transporte público sea un medio accesible para todos, eliminando las barreras que hoy impiden su uso autónomo y seguro. Esto es esencial para promover la inclusión y la igualdad en la sociedad.
La jueza determinó que el Metro debe realizar adecuaciones progresivas para garantizar la accesibilidad universal. Esto incluye asegurar el funcionamiento adecuado de la infraestructura existente, como elevadores y escaleras eléctricas.
Además, se deben diseñar y adaptar espacios dentro de los vagones para usuarios con sillas de ruedas, y establecerse ajustes razonables inmediatos para garantizar el acceso igualitario al Metro. Estas medidas son cruciales para que las personas con discapacidad puedan utilizar el transporte público de manera segura y autónoma.
Diego Berry celebró la resolución en su cuenta de X, calificándola como un logro significativo en la lucha por la movilidad inclusiva en la Ciudad de México. Considera que este fallo es un avance crucial en la movilidad para la ciudad y en favor de las personas con discapacidad y adultos mayores.
Además, destaca que el amparo busca garantizar que el transporte público sea un medio accesible para todos, eliminando las barreras que hoy impiden su uso autónomo y seguro. Esto es un paso importante en la dirección correcta para la inclusión en la ciudad.
El fallo establece que entidades como la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y la dirección del STC Metro deben reportar la implementación del programa de accesibilidad universal. Este programa será clave para asegurar que las personas con discapacidad puedan desplazarse por el sistema de transporte más utilizado en el país sin enfrentar retos discriminatorios.
El caso subraya la importancia de los derechos humanos en el ámbito de la movilidad urbana y marca un precedente que podría inspirar acciones similares en otros sistemas de transporte en México. Es un desafío importante que se debe afrontar para promover la igualdad y la inclusión en la sociedad.