Entre las medidas innovadoras, destaca la figura de “daño social” o “daño moral colectivo”. Con esta figura, se buscará garantizar una reparación integral a las comunidades afectadas por la corrupción. Además, los denunciantes tendrán derecho a participar en los procedimientos penales cuando demuestren un interés legítimo, otorgándoles el carácter de víctimas.
La creación de un Sistema de Inteligencia Anticorrupción que recopile y cruce información sobre casos relacionados es otra parte clave. Permitirá la vigilancia electrónica, el acceso a información fiscal y bancaria, y la operación de agentes encubiertos, entre otros mecanismos. También se establecerán protocolos para proteger a denunciantes, testigos y colaboradores, fomentando la denuncia de actos de corrupción sin temor a represalias.
La corrupción en México no es un fenómeno aislado, sino un problema sistémico profundamente enraizado en la interacción entre políticos, funcionarios y empresarios. Casos como la Operación Safiro evidencian cómo el mal manejo de recursos públicos afecta directamente a comunidades que pierden acceso a servicios básicos.
En contraste histórico, se mencionan los fallos del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) instaurado en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Posteriormente, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se abandonó el SNA bajo la premisa de que los ideales de Morena hacían inmune a su administración. Sin embargo, estallaron escándalos como el caso Segalmex, considerado el mayor acto de corrupción de su gobierno.
Corral denunció que estas acciones buscan reinstalar la impunidad y enviar un mensaje intimidatorio a quienes luchan contra la corrupción. “La criminalización no solo ha pretendido desacreditar el combate a la corrupción, sino reinstalar la impunidad”, afirmó.
La propuesta de Sheinbaum no solo busca sancionar a los responsables, sino posicionar la lucha contra la corrupción como una política de Estado. Con herramientas legales, tecnológicas y sociales, el gobierno pretende cerrar lagunas normativas y fortalecer las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar la corrupción, en un esfuerzo por transformar este problema estructural en una prioridad nacional.