Descubre la verdad detrás del caso Rich y las impugnaciones

La Inicialización del Caso

Desde el 22 de octubre, cuando la contralora Gabriela López y López informó sobre la inhabilitación de los exfuncionarios, se dio inicio a una serie de eventos. Estos funcionarios fueron sancionados por omisiones en el caso del antro Rich, y sus periodos de inhabilitación oscilan entre seis y doce meses. Esto desató un proceso de investigación y revelación de detalles que ha ido avanzando lentamente.

El 24 de octubre, el alcalde Enrique Galindo Ceballos declaró que los sancionados no volverían a laborar en el Ayuntamiento y anunció cambios al Reglamento de Actividades Comerciales. Estas medidas se tomaron con la intención de evitar que en el futuro se presentaran casos similares al del antro Rich.

El Aspecto de los Conflictos de Intereses

El 25 de octubre, se dio a conocer que Jorge Daniel Hernández Delgadillo, exsecretario general del Ayuntamiento y ahora director general de Interapas, es socio del despacho jurídico que defiende a los exfuncionarios sancionados. Esto plantea el problema de un posible conflicto de intereses, ya que un funcionario que ha estado involucrado en el caso podría estar defendiendo a quienes le han sido sancionados.

El 27 de octubre, el actual secretario general Fernando Chávez Méndez puso en manos de la contralora la tarea de investigar si efectivamente existe o existió conflicto de intereses en la actuación de Hernández Delgadillo en el caso Rich. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha aclarado este aspecto, y se mantiene en duda.

Las Impugnaciones y su Evolución

El 6 de noviembre se informó sobre la impugnación presentada por los afectados. Esto generó un nuevo capítulo en el caso, ya que ahora se debía enfrentar las impugnaciones y determinar su validez. Sin embargo, el 11, el alcalde dijo no conocer dichas impugnaciones, lo que dejó en suspenso la situación.

Desde entonces, se ha sabido a través de fuentes extra oficiales que el tema de las impugnaciones se encuentra en manos de la Contraloría Interna y que, por el momento, no ha generado procesos judiciales que deban ser asumidos por las sindicaturas municipales. Esto significa que el caso sigue en un estado de incertidumbre y espera.