El órgano encargado de supervisar la transparencia ha pedido al gobierno municipal de Santa Cruz de Tenerife que mejore su eficiencia en el manejo de solicitudes de información pública. Esto surge tras un caso en el que una asociación vecinal tuvo que esperar meses por respuestas sobre proyectos urbanos, incluyendo un carril bici y obras en una plaza local. El Comisionado de Transparencia enfatizó la necesidad de cumplir con los plazos legales para garantizar el derecho a la información de los ciudadanos.
Retrasos en Respuestas Provocan Acciones Legales
Una organización comunitaria enfrentó dificultades al intentar obtener datos oficiales sobre modificaciones en su entorno urbano. Tras múltiples intentos infructuosos, decidieron acudir a instancias superiores para buscar soluciones. Este proceso reveló fallas en el sistema administrativo local, lo cual llevó a recomendaciones específicas para mejorar la comunicación entre el ayuntamiento y sus ciudadanos.
La Asociación de Vecinos El Perenquén presentó una solicitud formal en busca de detalles sobre las labores realizadas en la calle Robayna. A pesar de repetidas peticiones, no obtuvieron respuesta oportuna. Fue necesario recurrir al Comisionado de Transparencia, quien finalmente intervino. La demora en proporcionar la información fue significativa, llegando casi tres meses después de la fecha inicial. Esta situación subraya la importancia de establecer mecanismos más ágiles para atender las inquietudes ciudadanas.
Proyectos Urbanos Generan Controversia y Demandas de Información
Otro ejemplo de retraso se evidenció en torno a la implementación de infraestructuras ciclistas en la ciudad. Los residentes expresaron preocupación por cambios potencialmente impactantes en su día a día, solicitando documentación completa del proyecto. Sin embargo, la espera por estos documentos fue considerablemente larga, generando descontento y cuestionamientos sobre la gestión pública.
En el caso del carril bici, los ciudadanos pidieron información detallada sobre el diseño y ejecución del proyecto. Entre sus demandas figuraban aspectos como la disponibilidad de estacionamientos y zonas de carga/descarga. La respuesta oficial llegó cuatro meses después de la solicitud inicial, lo cual es considerado un tiempo excesivo. Este hecho resalta la necesidad de fortalecer los procesos internos para responder oportunamente a las solicitudes de información, asegurando así el derecho fundamental de los ciudadanos a estar informados sobre iniciativas que afectan directamente su calidad de vida.