Según la información presentada, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no se tiene información específica sobre el supuesto reclutamiento de estudiantes de Química por el Cártel de Sinaloa. Esto ha generado un interés y preocupación en la sociedad, ya que el crimen organizado se ha extendido a nuevas áreas. A pesar de que las autoridades nacionales han realizado investigaciones en el pasado, a menudo se encuentran barreras al obtener evidencias fiables.
El caso se ha visto acelerado por el hackeo del colectivo Guacamaya a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que ha revelado miles de informes de inteligencia y documentos sensibles. Uno de estos reportes señala cómo el Cártel de Sinaloa comenzó a adaptarse ante las dificultades en la red de suministro de precursores debido a la emergencia sanitaria.
Como consecuencia de las acciones del Cártel de Sinaloa, se ha dado un giro en la ingeniería química. El cartel ha utilizado sus alcances operativos para innovar y obtener precursores más puros y de calidad similar a los laboratorios chinos. Esto demuestra su capacidad para adaptarse a las nuevas situaciones y encontrar soluciones.
Según el informe de inteligencia de la Guardia Nacional, el cartel recluta profesores universitarios especializados en química para lograr este fin. Esto indica que el crimen organizado está tomando ventaja de la experiencia y conocimientos de los expertos en la área.
El uso de especialistas en la síntesis de drogas por el crimen organizado no es algo nuevo. Autoridades mexicanas han documentado casos anteriores, pero fue hasta la filtración de 2022 cuando se detectaron posibles vínculos con el Cártel de Sinaloa. En octubre de 2020, la Fiscalía General de la República desarticuló una red de traficantes de fentanilo encabezada por Salvador C, un ingeniero químico de la UNAM.
Salvador C fue detenido en su domicilio en Iztapalapa, donde se encontraron un laboratorio clandestino y material para sintetizar opioides sintéticos. Además, se detectaron contactos en Hong Kong y un envío a través de Japón, lo que demuestra la amplitud y la complejidad del negocio del crimen organizado.
En mayo de 2021, en Tijuana, se reportó el asesinato de un estudiante de Química de la Universidad Autónoma de Baja California. Se cree que el joven se negó a trabajar para el narco utilizando sus conocimientos. Además, se ha especificado que los grupos criminales ofrecían entre 10 mil y 18 mil dólares a los especialistas, mientras que en la publicación reciente de The New York Times se indica que a los estudiantes se les ofrece entre 800 y mil dólares mensuales.
Estos casos demuestran la persistencia del crimen organizado en la búsqueda de expertos en química y la amenaza que representan para la sociedad.