En Morelia, Michoacán, el juez Sergio Santamaría ha impuesto una sanción económica significativa a los miembros de los Comités de Evaluación del Poder Ejecutivo y Legislativo debido a su incumplimiento de una orden judicial. La multa, que equivale a 113 mil 114 pesos por persona, se estableció conforme a la Ley de Amparo y tiene como objetivo detener cualquier procedimiento relacionado con la selección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. A pesar de la resolución inicial del 20 de diciembre de 2024, los Comités continuaron con las entrevistas programadas desde el 10 de enero, lo que llevó al juez a emitir un ultimátum de 48 horas para que cesaran sus acciones.

Detalles del Conflicto Legal en Morelia

En un entorno político y legal cada vez más complejo, la ciudad de Morelia, Michoacán, se convirtió en el escenario de un enfrentamiento entre los poderes del Estado. El pasado 23 de enero, el juez de distrito Sergio Santamaría tomó medidas contundentes contra los integrantes de los Comités de Evaluación del Poder Ejecutivo y Legislativo. Estos comités habían desobedecido una orden judicial emitida en diciembre de 2024, que prohibía la continuidad del proceso de selección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.

Como respuesta a esta desobediencia, el juez impuso una multa equivalente a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) por persona, lo que representa 113 mil 114 pesos para cada evaluador. Además, otorgó un plazo de 48 horas para que ambos comités emitieran un acuerdo administrativo que detuviera definitivamente cualquier procedimiento relacionado con la selección. Sin embargo, los Comités manifestaron en comunicados oficiales y redes sociales su intención de continuar con las entrevistas programadas desde el 10 de enero.

El Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo justificó su postura argumentando que actuaba conforme a las decisiones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Por su parte, el Comité Legislativo calificó la suspensión como «notoriamente improcedente», afirmando que detener el proceso vulneraría los derechos políticos de los aspirantes y sería jurídicamente imposible.

Ante estas declaraciones, el juez reiteró que cualquier acción contraria a su resolución constituiría una violación a la suspensión de amparo y advirtió sobre posibles sanciones adicionales. Subrayó que la orden incluye cualquier acto relacionado con la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación.

Este conflicto refleja la tensión existente entre los poderes del Estado en torno a las reformas judiciales, con implicaciones que podrían marcar un precedente en la elección y evaluación de futuros integrantes del Poder Judicial.

Desde una perspectiva periodística, este caso destaca la importancia de la separación de poderes y la necesidad de cumplir con las órdenes judiciales para mantener el equilibrio institucional. La decisión del juez Santamaría subraya la gravedad de desafiar la autoridad judicial y pone de manifiesto los desafíos que enfrentan los sistemas legales cuando se ven atrapados en disputas políticas. Este incidente podría servir como un recordatorio crucial para todos los actores involucrados en procesos similares sobre la importancia de adherirse a las normas y resoluciones legales establecidas.