En una región marcada por conflictos, las voces de quienes han sufrido se alzan con fuerza. En el Catatumbo, norte de Colombia, las víctimas del paramilitarismo expresan su preocupación ante la desaparición de terrenos que debían ser restituidos tras los procesos de desmovilización. La representante de un grupo de madres ha hecho un llamado a las autoridades para que investiguen la situación y actúen en favor de aquellos que perdieron sus hogares hace más de dos décadas. Existe una urgencia palpable por obtener respuestas y justicia.

La problemática de las tierras en el Catatumbo es compleja y arraigada en años de violencia. Las propiedades confiscadas durante el conflicto armado no han sido devueltas como se esperaba, generando descontento entre las familias afectadas. Según declaraciones de la portavoz de las madres de la región, estos territorios fueron apropiados ilegalmente y ahora parecen haber desaparecido, posiblemente cayendo en manos equivocadas. Este escenario plantea dudas sobre la transparencia del proceso y pone en evidencia la necesidad de una investigación exhaustiva.

El paso del tiempo no ha mitigado el dolor ni disminuido la demanda de reparación. Los habitantes del Catatumbo, después de veinte años de espera, anhelan ver resuelta su situación. Es crucial que el gobierno nacional intervenga activamente para garantizar que las tierras registradas en su inventario sean entregadas a sus legítimos dueños. Este gesto simbolizaría un avance significativo hacia la reconciliación y la justicia para las comunidades impactadas por la violencia.

Enrique Pertúz, líder de una red de defensores de derechos humanos, enfatiza la importancia de obtener información precisa sobre el paradero de estas propiedades. Su declaración subraya la necesidad de que los exlíderes paramilitares proporcionen datos veraces y completos. Esta acción sería fundamental para clarificar el destino de las tierras y acelerar el proceso de reparación para las víctimas. El llamado es claro: se necesita transparencia y compromiso para cerrar este capítulo oscuro de la historia del Catatumbo.

Mientras persiste la incertidumbre, la esperanza sigue viva entre quienes buscan justicia. Los afectados confían en que las autoridades responderán prontamente a sus solicitudes, utilizando los recursos disponibles para cumplir con la promesa de restitución. A medida que avanza el mandato del gobierno actual, surge una oportunidad única para abordar este asunto con determinación y eficacia, brindando así un futuro mejor a las comunidades que tanto lo necesitan.