Un tribunal ha aceptado una demanda contra el Departamento Administrativo de la Presidencia y Fiduprevisora, acusándolos de no divulgar los contratos relacionados con el proyecto de Paz Total. Los demandantes alegan que este incumplimiento viola la Ley 2272 de 2022, comprometiendo la transparencia en la inversión pública destinada a las negociaciones con grupos armados ilegales. El caso resalta la necesidad de mayor claridad en la gestión de fondos dedicados a la paz.

La Importancia de la Transparencia en Proyectos de Paz

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha admitido una denuncia que cuestiona la falta de divulgación de documentos contractuales vinculados al proyecto de Paz Total. Esta omisión afecta la confianza pública y plantea dudas sobre cómo se manejan los recursos asignados para este fin. La ley exige que todos los documentos pertinentes estén disponibles públicamente, lo cual es crucial para garantizar un control adecuado sobre el uso de estos fondos.

La transparencia en la administración de proyectos de paz es fundamental para mantener la confianza de la sociedad y asegurar que los recursos se utilicen correctamente. En este caso, los demandantes señalan que desde hace varios meses, el gobierno ha dejado de publicar información sobre cómo se invierten los fondos destinados a convocar mesas de diálogo con comandantes y delegados de estructuras armadas ilegales. Esta falta de divulgación representa un claro incumplimiento de la Ley 2272 de 2022, que establece claramente las obligaciones del gobierno en cuanto a la publicación de documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales. Este proceso garantiza que todas las etapas de las negociaciones y la implementación de los acuerdos de paz sean transparentes y estén sujetas a revisión pública.

Omisión en la Divulgación de Documentos Contractuales

Los demandantes han identificado serias irregularidades en la gestión de los fondos destinados a la paz, particularmente en relación con la publicación de documentos contractuales. Estas omisiones se extienden por más de un año y medio, afectando la confianza en la gestión gubernamental. Las entidades involucradas deben responder a estas acusaciones y proporcionar toda la documentación solicitada.

Las investigaciones realizadas revelaron que, durante la implementación del proyecto de Paz Total, no se encontraron evidencias de ejecución ni informes de cumplimiento en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II) ni en las páginas web oficiales. Esto incluye la ausencia de documentos precontractuales, propuestas remitidas por los oferentes, actas de liquidación de contratos adjudicados y otros informes cruciales. Además, se descubrió que la publicación de documentos se realiza de manera selectiva y fuera del plazo legal, lo cual socava la transparencia requerida por la ley. Los demandantes insisten en que esta situación debe corregirse para garantizar que todos los trámites de contratación se realicen conforme a las normativas vigentes y se mantenga el control sobre el uso de los recursos destinados a la paz.