En un movimiento significativo para mejorar la transparencia del proceso electoral, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) ha interpuesto una acción legal contra la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Esta medida busca obtener información crítica relacionada con las irregularidades y problemas experimentados durante las recientes elecciones. El CPI argumenta que la CEE no ha respondido a las solicitudes de información presentadas por las periodistas Damaris Suárez y Vanessa Colón Almenas, violando así la "Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública". Este conflicto subraya la necesidad de mayor claridad y responsabilidad en los procesos electorales de Puerto Rico.

Cronología y Detalles de la Controversia Electoral

En un contexto marcado por la desconfianza pública y numerosas fallas técnicas, el CPI ha llevado a cabo investigaciones exhaustivas que revelaron serias deficiencias en el sistema electoral. Durante el día de las elecciones, se reportaron múltiples problemas con las máquinas de escrutinio, incluyendo fallos en el encendido, apagado inesperado, dificultades para leer las papeletas y atascos de papel. Además, solo cinco días antes del evento, cerca de 1,000 máquinas de escrutinio aún no habían sido sometidas a pruebas de lógica y precisión, lo que plantea dudas sobre su confiabilidad.

Las periodistas Suárez y Colón Almenas han solicitado detalladamente información sobre la cantidad y tipo de máquinas disponibles, los problemas reportados, el mantenimiento realizado y las medidas tomadas para remediar los fallos observados durante las primarias. Sin embargo, estas solicitudes no han sido atendidas oportunamente por la CEE, lo que ha llevado al CPI a buscar intervención judicial. La directora ejecutiva del CPI, Carla Minet, enfatizó la importancia de la transparencia para restaurar la confianza del público en el proceso electoral y mejorar la democracia en Puerto Rico.

Desde una perspectiva jurídica, el CPI está siendo representado por abogados de la Clínica de Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, quienes están impulsando esta causa para garantizar que la información pública sea accesible y transparente.

Este caso destaca la necesidad imperativa de fortalecer los mecanismos de fiscalización y transparencia en los procesos electorales. Para que la democracia funcione eficazmente, es crucial que las instituciones electorales sean transparentes y responsables ante el pueblo. Solo así se podrá restablecer la confianza perdida y garantizar elecciones justas y libres en el futuro.