En este artículo, exploramos el desarrollo histórico del derecho a la información en México. Desde su incorporación inicial en 1977 hasta la reciente reforma constitucional, este derecho ha experimentado transformaciones significativas. Inicialmente dirigido a partidos políticos, posteriormente se extendió para proteger a los ciudadanos individuales. La creación de instituciones especializadas como el IFAI y el INAI marcó un hito en esta evolución. Ahora, con la nueva reforma, las contralorías asumirán el papel principal en garantizar este derecho fundamental.
Orígenes y Desarrollo del Derecho a la Información
El reconocimiento oficial del derecho a la información en México comenzó en los años setenta, cuando una modificación legal incluyó este principio como obligación estatal. Aunque inicialmente se enfocaba en beneficiar a organizaciones políticas, pronto se expandió para abarcar a todos los ciudadanos. Este cambio fue crucial para fortalecer la transparencia gubernamental y promover una sociedad más informada.
La primera mención formal del derecho a la información surgió durante el gobierno de López Portillo, cuando se introdujo en la Constitución. Sin embargo, fue en la década de los noventa cuando se consolidó como un derecho individual, gracias a interpretaciones judiciales progresistas. En 2002, se estableció una ley federal específica para regular este ámbito, lo que llevó a la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). Esta institución jugó un papel clave en impulsar la transparencia y rendición de cuentas en el sector público. La Ley de Información Pública de 2004 reforzó aún más este marco jurídico, sentando las bases para futuros avances.
Nuevos Rumbos y Transformaciones Institucionales
Las últimas décadas han visto importantes cambios en cómo se implementa y garantiza el derecho a la información en México. Reformas constitucionales han redefinido el papel de las instituciones encargadas de velar por este derecho. Hoy, nos encontramos ante un nuevo escenario donde las contralorías asumen responsabilidades cruciales.
En 2007, una reforma constitucional estableció principios fundamentales para este derecho y previó la creación de organismos especializados. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itait) nació en este contexto. Diez años después, en 2014, otra reforma consolidó un sistema nacional presidido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Sin embargo, la última reforma aprobada en diciembre pasado marca el fin de esta estructura, dejando intactos los derechos pero redistribuyendo sus funciones entre las contralorías. Este cambio implica un plazo de 90 días para adaptar la legislación correspondiente, seguido de un período similar para su implementación en las entidades federativas. Con esto, se cierra un ciclo y comienza una nueva etapa en la historia del derecho a la información en México.