El 25 de noviembre, RansomHub cumplió su amenaza y comenzó a filtrar una cantidad impresionante de información de la CJEF. Con más de 210 GB de datos en juego, incluyendo contratos, datos financieros y detalles internos de la red gubernamental, el riesgo se ha multiplicado. Esta liberación no solo pone en peligro la confidencialidad de los datos, sino también la operatividad del gobierno.
Los usuarios interesados están teniendo que lidiar con la lentitud de las descargas desde la dark web. Se estima que tardarán hasta la tarde del mismo día en completar la obtención de los archivos. Durante este tiempo, los datos están expuestos y podrían circular en foros de ciberdelincuencia o grupos cifrados de comunicación, ampliando aún más su impacto.
La CJEF juega un papel fundamental en la estructura gubernamental. Se encarga de revisar y validar decretos, acuerdos y iniciativas legales. Sin embargo, la exposición de su información interna pone en riesgo no solo la confidencialidad, sino también la seguridad de los funcionarios y la operatividad del gobierno en general.
Existen preocupaciones sobre la posibilidad de que empleados o exfuncionarios hayan facilitado el ataque. Esto pone en alerta la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y controlar las credenciales de acceso. Una falta de control tras el cambio de administración podría haber abierto la puerta a este ataque.
RansomHub es conocido por no blofear y por cumplir sus amenazas. En México, ya ha atacado a importantes organizaciones como la UNAM, Mabe, diario El Debate y el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA). En cada caso, ha seguido un patrón similar: liberar la información después de que caduquen sus plazos, dejando a las víctimas sin margen para negociar.
En el caso de la CJEF, la liberación se produjo apenas minutos después de cumplir el plazo dado por el grupo. Esto demuestra su eficacia y su determinación en llevar a cabo estos ataques. Los datos filtrados podrían tener consecuencias graves para el gobierno mexicano, incluyendo la exposición de estrategias legales y la creación de futuras vulnerabilidades.
La filtración de los datos de la CJEF trae consigo varios riesgos. Los documentos relacionados con controversias constitucionales y juicios clave podrían ser utilizados para desestabilizar las decisiones estratégicas del Ejecutivo. Además, los datos de los funcionarios, como nombres, correos electrónicos y fotografías, podrían ser utilizados para extorsiones o amenazas.
La publicación de detalles sobre la arquitectura de la red gubernamental también podría facilitar ataques adicionales a otras dependencias. Esto pone en peligro la integridad y la seguridad de todo el sistema gubernamental.