El magistrado José Luis Calama ha solicitado a Francia y reiterado a Israel la necesidad de proporcionar información adicional sobre el software espía Pegasus. En un fallo reciente, el juez ordenó una investigación europea más amplia para obtener detalles sobre las actividades del programa informático y su posible uso contra altos funcionarios españoles. Además, se ha emitido una nueva solicitud a Israel para que proporcione declaraciones adicionales de la empresa NSO Group y su CEO.

Nuevas Solicitudes de Información a Francia

El juez ha decidido expandir el intercambio de datos con Francia, buscando profundizar en los detalles técnicos y operativos del software Pegasus. Este paso busca esclarecer si existen vínculos entre las investigaciones francesas e internacionales sobre este programa y los posibles ataques a dispositivos móviles de funcionarios españoles.

La justicia española solicita al Tribunal Judicial de París un mayor detalle sobre los controles internos implementados por la empresa NSO Group, así como una descripción más extensa de las investigaciones realizadas por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas Informáticos (ANSSI). Estos datos son cruciales para entender cómo se gestionaba el software y qué medidas de seguridad se aplicaban durante su utilización. Además, se espera que esta información ayude a identificar cualquier anomalía o irregularidad en el uso del programa.

Reiteración de Solicitudes a Israel

Paralelamente, el magistrado ha renovado sus peticiones a las autoridades judiciales de Israel, insistiendo en la importancia de obtener la información necesaria de NSO Group. La declaración testimonial del CEO de la compañía es considerada vital para avanzar en la identificación de los responsables de los hechos investigados.

Las autoridades israelíes han sido recordadas sobre la necesidad de cumplir con las diligencias solicitadas, ya sea proporcionando la información requerida o explicando las razones de su negativa. El juez destaca que sin estos datos, será prácticamente imposible determinar quiénes estuvieron detrás de los ataques a los teléfonos móviles del presidente del Gobierno español y varios ministros. Además, se subraya que los convenios internacionales de asistencia judicial deben ser respetados para garantizar una investigación completa y transparente.