En enero de 2025, un informe reveló que varias unidades militares en Bolivia enfrentaron dificultades significativas para proporcionar información adecuada a los jóvenes postulantes al servicio militar obligatorio. De las 41 unidades evaluadas, 15 presentaron deficiencias notables en la transmisión de datos cruciales. Estas limitaciones afectaron tanto a los postulantes como a sus familias, quienes tuvieron que soportar condiciones desfavorables durante el proceso. Además, se identificaron problemas adicionales relacionados con la apertura de cuentas bancarias y la falta de orientación en algunas instalaciones militares.

La Defensoría del Pueblo detectó falencias en mecanismos informativos en diversas regiones del país. En Potosí, por ejemplo, el Regimiento de Infantería 3 “General Pérez” no ofreció letreros ni guías sobre los requisitos necesarios. Similar situación ocurrió en Santa Cruz y Tarija, donde los aspirantes no encontraron información clara ni personal dispuesto a brindar asistencia. En algunos casos, los jóvenes tuvieron que acampar durante días frente a las instalaciones militares, esperando ser atendidos. En El Alto y Trinidad, se reportaron pernoctaciones de hasta cuatro días.

Otro problema destacado fue la imposibilidad de abrir cuentas bancarias debido a la ausencia de certificados de sufragio o la condición de menor de edad sin tutela parental. Esto afectó particularmente a huérfanos como R.F.P., quien buscaba ingresar al Regimiento de Caballería 6to. Cap. Castrillo en Puerto Suárez. La Defensoría del Pueblo intervino para facilitar los trámites necesarios junto a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia local.

La institución defensorial ha implementado medidas para recibir y abordar denuncias y quejas relacionadas con vulneraciones de derechos humanos durante el reclutamiento militar. Entre ellas, una línea gratuita y canales digitales para mejorar la comunicación y atención a los ciudadanos.

Las autoridades han tomado medidas para mejorar la transparencia y eficiencia en el proceso de reclutamiento militar. A pesar de los desafíos iniciales, la Defensoría del Pueblo continúa trabajando para garantizar que los derechos de los postulantes sean respetados y que la información sea accesible y clara para todos.