La diputada local del PAN, Olivia Garza, ha lanzado una fuerte denuncia al señalar que el Gobierno de la Ciudad de México ha clasificado como reservada la información relacionada con la cantidad de celulares decomisados en los penales capitalinos durante el último sexenio. Esta acción, según ella, pone en duda la eficacia de las medidas tomadas por las autoridades capitalinas para combatir las extorsiones telefónicas realizadas desde los centros de reclusión.

"La Transparencia en Crisis: Reservación de Datos en Penales"

Primera Parte: La Solicitud de Transparencia

Olivia Garza, Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso capitalino, detalló que el pasado 5 de septiembre, le fue aceptada a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario su solicitud para reservar los datos sobre los celulares decomisados. Argumentaron que al divulgarlos, la delincuencia organizada podría organizar motines dentro de los penales. Sin embargo, ella aseveró que esto está en contra de la transparencia que debería gobernar estas operaciones.

Realizó una solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, preguntando por el número de teléfonos celulares y chips decomisados, en qué reclusorios se realizaron las incautaciones y qué se hizo con los aparatos decomisados en un lapso de los últimos seis años. Pero, lamentablemente, la información quedó reservada.

Segunda Parte: El Antecedente de 2005

Recordó que en 2005, el Gobierno capitalino instaló bloqueadores de señal telefónica en los centros de reclusión con la intención de inhibir las llamadas de los reos. Las autoridades estimaban que había unos mil 500 celulares al interior de los penales. Ahora, para 2021, se hizo un decomiso por casi 3 mil celulares, lo que demuestra que la problemática persiste. Sin embargo, hoy, la información sobre estos hechos ya no se quiere dar a conocer.

Esta situación, según ella, es preocupante, ya que si no se tiene acceso a la información, no se puede evaluar de manera adecuada la efectividad de las medidas tomadas para combatir la delincuencia. Y, además, puede dar lugar a dudas sobre la honestidad y la transparencia de las autoridades.

Tercera Parte: La Implicación en la Combate a la Delincuencia

Olivia Garza enfatizó que la reservación de esta información pone en riesgo la capacidad de las autoridades capitalinas de combatir efectivamente las extorsiones telefónicas. Si no se sabe cuántos celulares han sido decomisados y qué se está haciendo con ellos, no se puede tomar las medidas necesarias para prevenir y detener estas actividades.

Además, la posibilidad de que la delincuencia organizada pueda utilizar esta información para organizar motines dentro de los penales es una amenaza real. Esto pone en peligro la seguridad de los reos y los funcionarios penitenciarios.