Durante la visita del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, se recibió información sobre la presunta existencia de 20.000 cadáveres sin identificar en el aeropuerto de Bogotá. Estas informaciones fueron recibidas de "distintas fuentes" oficiales y se subrayaron la importancia y la credibilidad de estas fuentes. Se explicó que la información fue obtenida en reuniones con autoridades y organizaciones, lo que da mayor peso a la misma.
Además, se indicó que el comité sigue una estricta metodología basada en observaciones y información corroborada. Aunque no visitaron el aeropuerto de Bogotá, recibieron información sobre la presencia de cadáveres en diferentes lugares. Esto demuestra la rigurosidad con la que se trabaja y la importancia de la información recibida.
Después de la polémica suscitada, diversas autoridades colombianas rechazaron el informe y pidieron aclaraciones. Sin embargo, Albán señaló que tras conocer la metodología aplicada, se entenderá por qué se hizo el planteamiento. También se mencionó que la actitud del Estado colombiano fue constructiva y autocrítica, reconociendo problemas como la falta de claridad en las cifras.
Además, se aludió a un encuentro previo en el que se mencionó la cuestión en una reunión privada con representantes de instituciones del Estado. Ninguno de los presentes cuestionó los hallazgos, lo que muestra la apertura y la cooperación del Estado.
Además de la información sobre los cadáveres, se destacaron otros hallazgos. Por ejemplo, no hay un registro centralizado y fiable de personas desaparecidas, lo que hace que las cifras totales oscilen enormemente. Según la UBPD, en Colombia hay más de 111.000 desaparecidos antes de 2016, cifra que no refleja las posteriores desapariciones.
Estos hallazgos demuestran la complejidad del problema de las desapariciones forzadas en Colombia y la necesidad de trabajar en conjunto para encontrar soluciones.