En un escenario de controversia, un juez de Bucaramanga ha tomado una decisión significativa. La líder del Paro Minero, Ivonne Consuelo González, ha obtenido una victoria judicial al pedir a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, que entregue información clara y completa sobre la área de reserva temporal próxima a Santurbán. De no hacerlo, la ministra correrá el riesgo de un desacato judicial.

La lucha por la información en la minería

La Demanda de los Mineros

Según los demandantes, el ministerio no ha dado respuestas satisfactorias. Las respuestas superficiales y generales no han podido resolver las inquietudes de los pequeños y medianos mineros afectados. Esta situación ha generado incertidumbre económica en la región de Soto Norte. González, presidenta de Asomineros Vetas, ha expresado su descontento. "La ministra se ha limitado a dar información incompleta e incomprensible. Más de 35 mil campesinos y mineros legales están afectados por esta medida inconsulta. El Gobierno habla de diálogo social, pero sigue vulnerando nuestros derechos", ha declarado.

El Fallo Judicial

El 10 de diciembre, el juez señaló que el Ministerio de Ambiente había violado el derecho a la información. Al no responder claramente a las solicitudes de los mineros en la mesa de diálogo del 5 de noviembre, el ministerio se había encontrado en la mala. Ivonne González había solicitado información detallada sobre el impacto de las medidas gubernamentales en la minería y sobre la aplicación del Decreto 044 de 2024. El juez ordenó al Ministerio que entregara toda la información solicitada en un plazo máximo de un mes. Si no se cumplía con este plazo, podrían derivarse sanciones por desacato, poniendo presión sobre el Ministerio.

Las Consecuencias para la Región

Esta decisión judicial respalda las denuncias de los pequeños mineros de Soto Norte. Ellos afirman que las medidas del gobierno, como la creación de la reserva temporal, pueden traer consecuencias graves. Pueden condenar a la región a la ilegalidad y la pobreza. Los mineros temen que la aplicación de políticas sin un análisis técnico y jurídico adecuado perjudique gravemente a las familias mineras con arraigo en la zona. Algunas familias tienen una historia minera de más de 500 años.Fuente: Sistema Integrado de Información Siga las noticias de RCN Radio en Whatsapp