En un esfuerzo por fortalecer la transparencia gubernamental, el órgano legislativo del estado de Tlaxcala ha respondido a más de 190 peticiones ciudadanas durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones. Este compromiso con la apertura pública refleja el papel crucial que desempeñan las instituciones en la promoción de la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Los temas más recurrentes entre estas solicitudes se centran en información salarial y estructura laboral del Poder Legislativo. La eficiencia en la gestión de estas consultas demuestra la capacidad del Comité de Transparencia para coordinarse efectivamente con otras áreas del Congreso.

El Congreso de Tlaxcala Atiende Más de 190 Solicitudes de Información

En los días iniciales del nuevo año, la LXV Legislatura del estado de Tlaxcala ha demostrado su dedicación a la transparencia al atender un número significativo de solicitudes de acceso a la información pública. Durante el primer periodo ordinario de sesiones, este órgano legislativo recibió y procesó más de 190 peticiones ciudadanas relacionadas principalmente con aspectos económicos y administrativos del poder legislativo estatal.

El líder del Comité de Transparencia destacó que la mayoría de las solicitudes versaban sobre remuneraciones y estructura organizacional. Estas consultas fueron gestionadas en colaboración con diversas dependencias internas, garantizando respuestas oportunas y precisas dentro del plazo legal establecido. Esta acción no solo cumple con los requisitos legales, sino que también contribuye a construir una relación de confianza entre el gobierno y la ciudadanía.

Desde una perspectiva periodística, esta iniciativa legislativa representa un paso importante hacia la construcción de instituciones más abiertas y responsables. Al facilitar el acceso a información relevante, el Congreso de Tlaxcala está fomentando una cultura de transparencia que puede servir como modelo para otras entidades gubernamentales. Además, este proceso permite a los ciudadanos estar mejor informados sobre cómo se administra su dinero y recursos públicos, lo cual es fundamental para cualquier democracia funcional.