Descubre cómo un proyecto desafiaba el acceso a la información pública
El Debate en la Cámara de Diputados
El extenso y apasionado debate del proyecto contra la ludopatía y las apuestas online distrajo la atención del hecho que ocurrió a la medianoche. La mayoría de los opositores se unieron en mano alzada para aprobar el proyecto de declaración. Esto mostró su firme posición en contra de la restricción de la información pública.
La inclusión de este asunto en el temario había sido un pedido de Karina Banfi, secretaria de la comisión de Asuntos Constitucionales. Ella era una de las férreas defensoras del libre acceso a la información relacionada con las actividades del Presidente y su gabinete.
La Reacción de los Diferentes Grupos
La votación masiva solo encontró rechazo en los diputados de La Libertad Avanza, así como en los tres peronistas tucumanos que responden al gobernador aliado, Osvaldo Jaldo, y en el santacruceño Sergio Acevedo. Esto mostró la división entre los diferentes grupos políticos.
El inmediato enojo de Macri y de los diputados del PRO se debió a que ni siquiera fueron avisados, pese a que habían mantenido una reunión de trabajo en la Casa Rosada. Además, se argumentó que se trataba de un mensaje en contra de la prensa y de la investigación periodística.
La Situación Actual y las Propuestas
Desde el 1° de septiembre, el Gobierno dictó el Decreto 780/2024, que introdujo modificaciones en la reglamentación de la ley. Estos cambios afectaron la definición de “información pública” y excluyeron datos de naturaleza privada o sin “interés público comprometido”.
Silvia Lospennato y Cristian Ritondo, dos diputados del PRO, cuestionaron la restricción del acceso a la información. Y un sector de los opositores aliados planea presentarse ante la justicia como amicus curiae de alguna de las tres demandas en contra del decreto.
“Lamentablemente, este Gobierno pretendió restringir el acceso a la información. Vulneró principios claves para la transparencia. Por eso exigimos la derogación de esta reglamentación”, aseguraba Karina Banfi.
Además, se analizan las posibilidades de que un fallo declarando inconstitucional la modificación del decreto reglamentario pueda ser desoído por el Ejecutivo. Y se consideran recurrir a la Corte Interamericana como una opción.